Saber los beneficiarios de la PAC, ¿transparencia o intromisión?

Saber quiénes son los beneficiarios de la PAC y en qué medida, ¿es una cuestión de transparencia o una intromisión en los datos del agricultor? Esa es la duda que llevo mascando desde hace un par de días y que no llego a resolver.

Desde el pasado 1 de junio, cualquier ciudadano puede conocer qué agricultores o empresas agrarias reciben ayudas públicas de la PAC y en qué cantidad. Según explica el Fondo Español de Garantía, FEGA, en esta página, se trata de una norma que se ha puesto en marcha para el período 2015-2020 y que afecta tanto a los beneficiarios de fondos FEAGA (agrarios) como FEADER (de desarrollo rural).

Sin embargo, no es algo nuevo, sino un segundo intento de lo que ya se inició el 30 de abril de 2009

Por aquel entonces, la Unión Europea estaba inmersa en su obsesión por la transparencia y pensó que hacer público quiénes recibían ayudas públicas de la PAC y en qué cantidades ayudaría, no sólo a conocer a los beneficiarios, sino a legitimarlas un poco más de cara a la sociedad civil.

La entonces comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fischer Böel, explicó: “los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de su dinero. La transparencia también mejorará la gestión de estos fondos, gracias a un control público reforzado de su utilización. Sólo de esta forma garantizaremos un debate informado sobre el futuro de la Política Agrícola Común. Queda pendiente la cuestión de Alemania”.

Y es que, al parecer, el país germano tenía problemas jurídicos que impedían publicar dichos datos, cuestión que un empresario agrario alemán llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la que, en noviembre de 2010, se anuló dicha norma.

Ahora, casi cinco años después, la Comisión de Agricultura vuelve a ponerla en marcha asegurando en un comunicado que “la transparencia tiene que ser equilibrada con el respeto a la vida privada de los beneficiarios y la protección de datos personales”.

A pesar de ello, mi duda sigue siendo ¿dónde está el límite entre el derecho del contribuyente a saber qué se hace con su dinero y el derecho del agricultor a la protección de sus datos? 

En España hace poco que empezamos a poner en práctica esta transparencia, pero con cargos públicos. De esa manera, ahora podemos saber qué cobra y qué tiene un diputado, un senador o un ministro. El Gobierno ha hecho una Ley de transparencia y ha abierto un portal con el mismo nombre [en el que, por cierto, no es tan fácil encontrar lo que uno busca]. Pero lo dicho, principalmente hacia organismos, instituciones o personas públicas. 

Entiendo que la Comisión Europea, tras el toque de atención del Tribunal de Justicia en 2010 y los años que ha tardado en retomar la norma, esta vez no se va a pillar los dedos.

Aún así, me pregunto ¿para qué sirve? Además de para cotillear sobre cuál es la PAC de mi primo, mi vecino o mi jefe, o de constatar que la Reina de Inglaterra y los Alba son los que más ayudas obtienen (obviamente, porque son de los que más tierra poseen), ¿esta norma va a conseguir mejorar el sector agrario? ¿O acaso es una cuestión de salud y educación democrática a la que nos debemos habituar todos ciudadanos?

Querido lector, siento no tener las luces necesarias para salir de mi duda. ¡Ojalá tú veas más allá y me des las que necesito!

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