Errores en el gasto en desarrollo rural

“Errores en el gasto en desarrollo rural: ¿cuáles son sus causas y cómo se está abordando?”. Así de llamativo es el título de un informe especial del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea realizado en 2014 y publicado este mismo año [ver aquí].

Un documento que deberían tener muy en cuenta tanto quienes van a llevar a cabo el Programa Nacional de Desarrollo Rural recién aprobado como los PDR de cada comunidad autónoma.

Los PDR se ubican en el Segundo Pilar de la PAC, y dentro de ellos se encuentran tanto las ayudas destinadas a los proyectos de los grupos Leader, como otras más importantes que determinan la futura estructura del sector primario de un país: apoyos a jóvenes agricultores, medidas agroambientales, mejora de la empresa agraria, industria agroalimentaria, etc.

El análisis del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (que con sus informes también condiciona la política de la PAC) se basa en 461 “muestras” tomadas en los 27 estados miembro durante 2011, 2012 y 2013. El principal dato que ofrece es que el porcentaje medio de error del gasto realizado durante este tiempo fue del 8,2 %, una cifra que considera alta.

Errores en el gasto en desarrollo rural

Resulta llamativo que, tal y como se muestra en esta gráfica, los porcentajes de error se dieron más en estados miembro cuya tasa de ejecución financiera del PDR era baja (como en España), mientras que en los que países en los que era alta, dicho error fue considerablemente inferior.

Por otra parte, algunas de las conclusiones del informe ratifican ciertas cuestiones sobre los PDR conocidas y poco demostradas, mientras que otras resultan, cuanto menos, curiosas.

Entre las primeras, la afirmación que “los organismos públicos constituyen una importante fuente de error por el incumplimiento de las normas de contratación pública“. Y esos errores se deben a “adjudicaciones directas injustificadas sin un procedimiento de licitación, la mala aplicación de los criterios de selección y adjudicación o la falta de igualdad de trato de los licitadores”.

Las explicaciones a estos errores son “la falta de conocimiento en la aplicación de las normas de contratación pública y la preferencia por trabajar con determinados proveedores”, algo que se podría entender en los últimos estados incorporados a la Unión Europea y que cuesta creer en los más veteranos. ¿Tendrían aquí cabida esos comentarios que siempre se han dicho sobre la politización de los PDR?

Pero lo peor de todo es que, según el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, “las autoridades de los estados miembro podrían haber detectado y corregido los errores que afectaban a las medidas de inversión”; tenían la documentación, pero no vieron el error.[?]

Respecto a las ayudas por superficie de los PDR, los errores fueron mucho más frecuentes en las medidas agroambientales que en las ayudas a zonas desfavorecidas. La agroambiental es la medida del desarrollo rural más importante desde el punto de vista financiero, —supone una quinta parte del presupuesto total de desarrollo rural para el período de programación 2007-2013— y su objetivo es cubrir los costes adicionales y la renta no percibida como resultado de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente durante un período comprendido de cinco a siete años.

Sin embargo, el cumplimiento de dichos compromisos no conlleva un efecto positivo inmediato para el agricultor, lo que le relaja a la hora de llevarlos a cabo. Si a eso se une el bajo índice de sanciones, junto a al reducido porcentaje de controles, se forma un círculo vicioso que ayuda a comprender los errores en esta medida.

Para frenar y reducir todas estas malas prácticas, el Tribunal de Cuentas propone en el mismo informe una serie de medidas de control que poco gustarán a aquellos que, desde hace años, ya se quejan de la excesiva burocatización que existe en la ejecución de los PDRs. Asimismo, el documento también incluye la respuesta de la Comisión a las observaciones del poder judicial comunitario.

Y para terminar, la guinda del pastel: “no se hallaron errores de subvencionabilidad en la medida de instalación de jóvenes agricultores“, una afirmación que apoya la tesis de quienes reivindican un mayor presupuesto para incorporar juventud al campo.

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