Elecciones agrarias… qué será, será (II)

Muchas son las dudas que plantea la nueva Ley que regula la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y que crea el Consejo Agrario aprobada el pasado 26 de junio por el Pleno del Congreso de los Diputados. La primera y más importante ya la he comentado en un artículo anterior titulado “Elecciones agrarias… qué será, será (I)”. A continuación, desgrano el resto.

Según describe el preámbulo de la nueva ley, actualmente existen “cambios relevantes en el sector agrario que hace más necesaria que nunca una interlocución eficaz con las OPAS”. ¿Qué cambios que no hubiera ya en 2009, cuando el mismo PP que ahora ha aprobado esta norma en solitario, entonces dio luz verde y por consenso a la Ley 10/2009 que ahora deroga, apoyando mantener el statu quo de las organizaciones profesionales agrarias?

Elecciones agrarias… qué será, será (II)

También en el preámbulo se afirma que “El motivo de la consulta no es elegir una lista de personas para ocupar los puestos de un órgano ejecutivo, sino determinar la representatividad de las organizaciones agrarias, […]. No se trata por tanto un proceso electoral, ni es directamente aplicable la normativa electoral, aunque se han adoptado para la consulta garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales”. ¿En qué quedamos?

Y sigue: respecto a la composición del Consejo Agrario afirma que “En la relación de personas existirá un equilibrio entre varones y mujeres”. ¿Cuántas mujeres deberán incorporar todas las organizaciones agrarias en sus cúpulas para poder llegar a esta igualdad de géneros?

En cuanto a qué se entiende como organizaciones profesionales agrarias más representativas, el texto legal asegura que son ” las que obtengan, al menos, un quince por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, además, en seis comunidades autónomas, al menos un cinco por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en cada una de ellas”. ¿La Unión de Uniones (la organización agraria que más ganaría con este proceso y cuya fuerza se atesora, principalmente, en la Unió de Pagesos, la ULLIR y la UCCL) podrá conseguir al menos ese cinco por ciento en seis comunidades autónomas? 

Respecto a la organización de la consulta, se afirma que “Las mesas estarán formadas por el número de urnas que sean necesarias con un máximo de 500 votantes”. Según esto, comarcas despobladas como la de Sierra de Albarracín (Teruel) o Pinares (Soria) no tendrán derecho ni a tener una mesa electoral en todo su territorio. ¿Así se garantiza que la consulta sea democrática? ¿Este sistema garantiza un voto que de por sí, ya cuesta mucho movilizar?

Y por si esto fuera poco, la disposición adicional cuarta añade que “El Gobierno, en el plazo de seis meses, realizará un estudio para determinar la necesidad y conveniencia de promover una consulta para determinar la representatividad de las organizaciones de mujeres rurales“. Puestos ya, ¿por qué no se estudia también medir la representatividad de las dos redes de desarrollo rural que tenemos en España? ¿O las de las diversas interprofesionales del vino?

Cuando en abril de 1997 comencé a conocer los entresijos y la importancia de las organizaciones profesionales agrarias recuerdo que me indignaba no saber cuál era el peso que tenían cada una de ellas y que ni ellas mismas quisieran saber quién era quién. Reconozco que con el tiempo, me acostumbré al “statu quo” establecido, de manera que, sinceramente, creo que los costes económicos y emocionales que conllevan este tipo de procesos habría que dejarlos para más adelante.

Así lo conté en este artículo “Elecciones agrarias: democracia para el campo VS el desquite de Cañete”, postura con la que no coincidieron más de uno. En este mismo artículo también hice hincapié en que el actual Comité Agrario, al igual que el futuro Consejo Asesor Agrario son dos órganos meramente consultivos, es decir, que tendrán voz, pero apenas influencia en el devenir del sector agroalimentario.

Definitivamente, sí, a mí también me gustaría dejar de lado las intuiciones representativas y saber cuál es la verdadera representatividad de ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones. Pero ya que, según parece, nos pondremos a ello ¿no se podría haber hecho mejor?

4 reflexiones sobre “Elecciones agrarias… qué será, será (II)

  1. Lamento discrepar, pero creo sinceramente que subestimáis la capacidad de interlocución y por tanto de representatividad de las organizaciones de productores. El Gobierno necesita legitimar su política agraria con un posicionamiento claro de sector y tal cosa, viendo el panorama disgregador de los sindicatos agrarios y las filiaciones y dependencias que todos conocemos, sólo se puede lograr con unas elecciones en el campo que dejen claro quién es quién. Pero, más allá de tal meta -que no es baladí- las organizaciones agrarias no dejan de ser patronales representativas que, a su vez, mantienen negociaciones colectivas para acordar convenios tan relevantes y de tanto impacto como los de recolección. Si la representatividad de los sindicatos de clase se organiza de tal manera -en función de las elecciones sindicales y del número de representantes alcanzados en cada sector- ¿por qué tendría que ser diferente en el caso de los agricultores?. La incertidumbre en la aplicación de estos convenios derivada de la falta de legitimidad de sus partes, nunca viene del lado de los trabajadores, sino del de la patronal agraria y éso reitero que se podría solventar con unas elecciones en el campo.

    • Hola Rafa, gracias por participar y crear debate. (¡¡Me encanta!!!).
      Si el papel del Consejo Asesor Agrario tuviera más peso y no fuera meramente consultivo, estas elecciones serían más importantes. El Gobierno, lamentablemente, apenas legitima su política agraria, por dos cuestiones: primero porque apenas tiene (la política agraria española es, casi exclusivamente, la europea) y en segundo lugar, en lugar de consultar, (según me cuentan varios colectivos) va a los foros de interlocución a “informar” en lugar de a “consultar”. Es decir, su postura es sentarse con posturas prácticamente cerradas.
      Por otra parte, te doy la razón en el asunto de los convenios del campo, que en según zonas y cultivos, tiene importancia.
      Sin duda, este asunto tiene multitud de visiones y opiniones.
      Mil gracias por aportar las tuyas, porque por tu trayectoria y experiencia, están asentadas en un considerable conocimiento.

  2. Elisa: Insisto en mi opinión del disparate que es convocar elecciones en el campo. En democracia, el fin de unas elecciones es elegir a los miembros de órganos que toman decisiones (parlamentos, comités de empresa, consejos reguladores de DO, cámaras agrarias,…). Su finalidad no es medir la representatividad de las organizaciones, ya que se puede medir con otros indicadores (número de afiliados, número de sedes,…). Prueba de ello es que la representatividad de la CEOE no se mide por elecciones, ni tampoco la de las redes de desarrollo rural. No tiene sentido convocar elecciones en el campo español cuando no hay un órgano decisorio cuyos miembros deban ser elegidos. En Francia, hay elecciones porque tienen que elegirse a los miembros de un organismo que toma decisiones como son las Chambres d’Agriculture, siendo ésa su verdadera finalidad. En España, el Consejo Agrario no se prevé que sea un órgano decisorio, sino consultivo (su constitución no exige que haya elecciones). Dejemos el mapa sindical del campo español como está. No lo zarandeemos con procesos electorales que sólo sirven para gastar y para generar tensiones entre las organizaciones profesionales. El tema de la Unión de Uniones se hubiera podido resolver con la Ley Espinosa.

    • Gracias por tu sabiduría, Eduardo.
      En algo estamos de acuerdo: para un órgano meramente consultivo, estos mimbres son demasiados: el gasto económico y emocional que supondrá no merecerá la pena.
      No obstante, tampoco creo que el peso de las organizaciones se pueda medir con su número de afiliados y de sedes: en cuanto a los primeros son muy opacas, y en cuanto a las segundas, habría muchas complicaciones porque algunas organizaciones podrían incluir como sedes aquellas que no son propias de su organización, (ejemplo UPA con UGT, ASAJA con AMFAR, etc).
      Sin embargo, sí que es cierto que parece que estamos pasando de lo blanco a lo negro, sin entrar en los grises. No se han hecho elecciones en 40 años y ahora ¡ya se habla de elecciones para saber el peso de las organizaciones de mujeres rurales! ¿Pero qué es esto?
      En mi opinión, habría que buscar el sentido común, que como siempre, es el óptimo… Pero parece que ese no es el camino que se lleva.
      Gracias de nuevo por tu tiempo. A ver si nos vemos pronto!

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