(Artículo de Elisa Plumed publicado en Canal Tereos 26)
Los agricultores europeos están expectantes ante la actual reforma de la Política Agraria Común, PAC. Una reforma cuya aplicación se ha retrasado dos años (de 2021 pasa a 2023) y que debe adaptarse a varias circunstancias externas: cumplir los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Brexit, la crisis de la COVID-19 y las comunicaciones europeas «Del campo a la mesa» y la «Estrategia para la Biodiversidad 2030». Aunque todavía queda mucho por perfilar, lo que está claro es que la futura PAC mantendrá la tendencia del pasado: tendrá menos presupuesto y será más verde.
Desde el siglo XXI, la Política Agraria Común, PAC, se reforma cada siete años, coincidiendo con la negociación del presupuesto comunitario o Marco Financiero de la Unión Europeo, del que depende en gran medida.
La última reforma de la PAC fue la del período 2014-2020 y la próxima debería iniciarse el próximo 2021, pero en esta ocasión, no va a ser posible. En primer lugar, porque las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 y la consiguiente formación del nuevo equipo de gobierno de la Unión, retrasaron la negociación de los presupuestos.
En segundo, porque las largas e inciertas negociaciones del Brexit fueron un considerable condicionante. Ahora, además de adaptarse para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible –establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 2015– deberá hacer frente a la situación económica y social resultante de la pandemia del COVID-19 y a dos comunicaciones con las que el actual ejecutivo comunitario quiere marcar su camino político: «Farm to Fork» o «Del Campo a la Mesa» y la «Estrategia para la Biodiversidad 2030».
Lo que se sabe
En junio de 2018 la Comisión Europea aprobó una propuesta de reforma de la PAC que instaura un cambio de base, ya que en el futuro apostará más por conseguir unos resultados concretos que por decidir unas medidas para conseguirlos.
En este sentido, se establecieron nueve objetivos específicos y uno transversal:
1. Asegurar unos ingresos justos para el agricultor.
2. Incrementar la competitividad.
3. Reequilibrar el poder de la cadena alimentaria.
4. Llevar a cabo acciones contra el cambio climático.
5. Proteger el medio ambiente.
6. Conservar el paisaje y la biodiversidad.
7. Apoyar el relevo generacional.
8. Mantener las zonas rurales vivas.
9. Proteger la calidad de los alimentos y la salud.
Más el objetivo transversal de fomentar el conocimiento y la innovación.
De esta manera, se refuerza el camino para ir hacia una agricultura más verde que favorezca el cuidado del medio ambiente.
Sin embargo, ya no se habla solamente de condicionalidad o greening, sino de una «nueva condicionalidad reforzada» (es decir, más normas medioambientales obligatorias) y de unos ecoesquemas que marcarán una serie de incentivos para aquellos agricultores que, en sus prácticas agrícolas, quieran ir más allá desde el punto de vista ambiental.
Plan Estratégico Nacional
Otra novedad para la próxima reforma de la PAC es que cada estado miembro debe adaptar las normas generales en un Plan Estratégico Nacional propio. De esta forma, cada país decide las medidas que mejor se adapten a su sector agrario para conseguir los nueve objetivos específicos y el transversal.
Durante la segundad mitad de 2018 y 2019 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha trabajado en diferentes estudios sobre el sector agrario español y ha comenzado a diseñar su Plan Estratégico Nacional.
Sin embargo, todavía quedan por dilucidar aspectos tan importantes como si cada comunidad autónoma mantendrá su «sobre» o asignación, si continuarán los derechos históricos o cómo se concretará la figura de agricultor genuino (denominado agricultor activo en la anterior reforma).
Presupuesto y Fondo de recuperación
En la Cumbre Europea celebrada en Bruselas el pasado 21 de julio para aprobar el Marco Financiero de los 27 y el fondo de recuperación se dio luz verde al paquete económico destinado para la PAC 2021-2027.
En total, España recibirá 47.682 millones de euros de los que 39.156 corresponden al primer pilar (34.181 millones en ayudas directas) y 8.526 millones para el segundo (estructuryas agrarias y desarrollo rural). A ellos, hay que sumar los 7.500 millones de euros destinados a desarrollo rural y procedentes del Fondo de Recuperación pos-COVID.
Aunque desde el Ministerio de Agricultura se ha asegurado que la cantidad obtenida por España para la PAC es muy similar a la del periodo 2014-2020, organizaciones profesionales agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias tienen sus dudas, puesto que estiman que el presupuesto total de la PAC en la Unión Europea se ha recortado alrededor de un 10%.
Farm to fork o De la granja a la mesa
A todo lo anterior, la PAC que se aplicará a partir de 2023 tiene que añadir dos condicionantes más: las comunicaciones Farm to Fork o De la granja a la mesa y la Estrategia para la Biodiversidad 2030, documentos derivados del conocido como Pacto Verde Europeo, que no es más que el principal objetivo que se ha planteado la actual Comisión Europea liderada por Úrsula von der Leyen.
De la granja a la mesa es un documento que, principalmente, marca objetivos políticos, deseos que la Comisión Europea querría alcanzar en 2030 para conseguir entonces un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Entre los objetivos señalados están:
-reducir en un 50% el uso de los plaguicidas químicos;
-disminuir el uso de fertilizantes al menos en un 20%;
-reducir las ventas de antibióticos para animales de granja y acuicultura en otro 50%;
-alcanzar una superficie de agricultura ecológica similar al 25% de todas las tierras agrícolas de la Unión Europea.
Por otra parte, la Estrategia para la Biodiversidad 2030 establece como meta que el 30% del suelo y el 30% de los mares de la Unión Europea estén incluídos en zonas protegidas.
Sin embargo, el gran escollo que deberán superar todos estos objetivos políticos es que se han establecido sin realizar los análisis previos para saber si son alcanzables, sin prever las posibles consecuencias que pueden tener para garantizar la producción de alimentos a unos precios asequibles y sin saber cómo pueden afectar, económica y socialmente, a los agricultores, empresas agrarias e industrias de insumos agrícolas.
Por ello, las metas establecidas en ambas comunicaciones políticas deberán debatirse y pasar el filtro del Parlamento Europeo antes de que se establezcan las medidas para ponerlas en marcha.
Reglamentos de transición
La próxima reforma de la PAC en lugar de aplicarse a partir de 2021 será efectiva a principios de 2023. Ello conllevará a que la Unión Europea establezca un Reglamento de Transición para esos dos años (2021 y 2022).
Se trata de una normativa imprescindible para no quedar en el vacío legal y asegurar que los perceptores de la PAC no se vean afectados durante este periodo transitorio y sigan recibiendo sus ayudas de manera regular sin cambiar las condiciones de admisibilidad del periodo 2014-2020.
A efectos prácticos, en relación con las ayudas del primer pilar de la PAC (ayudas directas y medidas de regulación de mercados), la propuesta de la Comisión será mantener las mismas normas que las establecidas para el periodo 2014-2020. Por tanto, las ayudas de las campañas 2021 y 2022 serán similares a las concedidas en los años previos.
La negociación de las continuas reformas de la Política Agraria Común y su posterior aplicación nunca son fáciles, ni para las administraciones públicas ni para sus administrados, los productores de alimentos.
Y a ese punto común de la dificultad, en en todas reformas de la PAC hay otros míminimos comunes: que las ayudas se mantienen pero con un presupuesto cada vez más reducido por parte de la Unión Europea y con unos mayores condicionantes para producir de una manera «más verde». A ellos tendrá que seguir adaptándose, cada siete años, agricultores y ganaderos.