La puesta en marcha de la Reforma Agraria Común, PAC 2023-2027, es una de las principales noticias agrarias de este año. Una reforma que algunos han calificado de rompedora e innovadora, tanto como resultó la Reforma McSharry de 1992. Y razón no les falta, porque la actual Política Agraria Común introduce novedades que, con toda seguridad, no tienen marcha atrás.
Por una parte, establece que, en función de unos objetivos marcados por la Unión Europea, cada estado miembro diseñe una Plan Estratégico Nacional (PEN) y haga de “su PAC un sayo”; por otra, introduce de forma obligatoria la digitalización del los cuadernos de campo para poder medir de forma más certera cuáles son el resultado de dichas medidas; y a través de los ecorregímenes apoya con ayudas a aquellos agricultores que apuesten por aplicar en sus fincas prácticas más sostenibles con el medio ambiente.
Los planes estratégicos nacionales permiten que cada estado miembro pueda ajustar mejor a las particularidades de cada país las medidas generales que propone la PAC. Sin embargo, estos, que en principio tiene su visión positiva para adaptarse mejor a la idiosincrasia de cada país, según el economista agroalimentario Albert Massot, pueden convertirse en un arma de doble filo si no se homologan los indicadores de los resultados de dichas medidas.
Massot, que durante años trabajó en la Dirección General de Políticas Internas en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, presentó una comunicación en el XIV Congreso de Economía Agroalimentaria celebrado en Zaragoza del 6 al 8 de septiembre en la que afirmó que los 27 planes estratégicos presentados en la Comisión de Agricultura presentan una gran dispersión de objetivos.
Por ejemplo, en cuanto a tipo de ayudas, el PEPAC español se sitúa entre los países que destinan un mayor porcentaje (36% de sus fondos) al Pago Básico, mientras otros se inclinan más por los pagos acoplados o hacen hincapié en la gestión de riegos.
En las ayudas ambientales, España está dentro del grupo que apuesta por los compromisos climáticos, mientras otros estados prefieren desarrollar la agricultura ecológica, reducir los fitosanitarios o apoyar a la Red Natura 2000.
Los 27 estados miembro han diseñado un total de 158 ecorregímenes, entre los que destacan aquellos que se enfocan en la mejora de la gestión del suelo, la mitigación del cambio climático, el apoyo a la Biodiversidad o la correcta gestión del agua.
Asimismo, en cuanto a las ayudas más sociales, España se diferencia por su apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores, mientras que otros países adquieren mayor compromiso con el bienestar animal, la lucha contra la resistencia microbiana o el desarrollo de áreas con retos específicos.
Todo esto lleva a que Albert Massot se pregunte: ¿habrá indicadores adecuados, homologados y homologables que ayuden a medir y comparar los resultados de las diferentes medidas de los 27 planes estratégicos de la PAC? ¿La Comisión Europea sabrá con datos qué países han cumplido los objetivos generales planteados en la PAC 2023-2027?
Quizás por todo ello, Albert Massot insiste en que la actual PAC 2023-2027, que posiblemente se analizará a partir de 2025, con el tiempo se verá como una etapa de experimentación para la PAC post 2028… (o la PAC post 2030, en función del calendario y acontecimientos).