El pasado lunes 21 de enero el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, convocó a las comunidades autónomas a un Consejo Consultivo monográfico sobre el futuro de la Reforma de la PAC post 2020.
La cita era importante y allí Planas anunció la creación de un grupo de trabajo para diseñar el futuro Plan Estratégico de la aplicación de la PAC en España y un cronograma de reuniones a desarrollar durante 2019. Sin embargo, lo más decisivo de este encuentro fue que «la mayoría» de las comunidades autónomas aceptaron que en dicho Plan Estratégico se supriman las referencias históricas y/o los derechos individuales (conocidos en el argot del sector como los derechos históricos).
«La mayoría» no son todas, porque en dicho Consejo Consultivo faltaba Andalucía, quien ese mismo lunes presentaba su nuevo Ejecutivo, poniendo al frente de Agricultura a Carmen Crespo.
Carmen Crespo, consejera de Agricultura de Andalucía.
Luis Planas es de los que no dan puntada sin hilo y profesionales de su propio equipo reconocen que es «muy político». A esto hay que sumar que, a pesar de que el propio Luis Planas fue contrincante de la ex-presidenta Susana Díaz en el PSOE Andalucía, la llegada del PP y Ciudadanos a la Junta ha supuesto un gran vuelco en el partido socialista.
¡Qué «gran casualidad» que la nueva consejera de Agricultura de Andalucía no pudiera asistir a la primera gran cita sobre el Plan Estratégico de la PAC en España porque estaba recién nombrada!
¿Casualidad o manejo político del tiempo y de las circunstancias? Queda la duda, puesto que, a pesar de que la reunión estaba programada desde el pasado mes de octubre, el ministro bien puede modificar su agenda y cambiar la fecha.
De lo que no hay duda es de que la ausencia de Carmen Crespo en este Consejo Consultivo supone colocar un palo en la rueda de su Consejería antes de que comience a andar. ¿Por qué? Porque Andalucía (como bien sabe Planas, que para eso ha sido titular de Agricultura en dicha región hasta en dos ocasiones) es la comunidad autónoma que percibe el 30% de los pagos directos de la PAC, e históricamente se ha mostrado totalmente contraria a la supresión de los derechos históricos, decisión que «la mayoría» de consejeros han consensuado mientras la nueva consejera estaba celebrando su recién estrenado cargo.
Hace varios meses, el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, reconoció públicamente que en la negociación española de la PAC los derechos históricos son el asunto donde se enrocan todas las discusiones. En este punto señaló que «hay que diferenciar referencias históricas de derechos individuales», dejando entrever que quizás se podrían mantener estos últimos, pero cambiar el año de las referencias históricas (actualmente está entorno a lo que los agricultores producían entre los años 2000 y 2003).
Ha llegado el momento de analizar, diseñar y debatir cómo va a ser la aplicación de la PAC en España a partir de 2022 ó 2023. Con toda seguridad, los debates serán largos, profundos y en ocasiones «a cara de perro», cara que posiblemente se le haya puesto a la consejera de Agricultura de Andalucía al conocer la jugada que su predecesor, Luis Planas, le ha hecho tanto a ella como a los agricultores andaluces que ahora representa.